Amanecer en el Estado de Derecho debe ser posible

"Batasuna" presenta nueva candidatura para las próximas elecciones municipales y esa es la noticia política del momento porque, en esta ocasión, en declaraciones públicas de sus militantes, se condena explícitamente la violencia de ETA. Esta anómala circunstancia diseña un panorama nuevo incitador para que los poderes establecidos actúen en consecuencia, porque cuando la quietud ya no es suficiente, lo propio es actuar. Ahora bien, la actuación de un Estado de orden, requiere siempre de una previa asunción procedimental, un cauce que la guíe, y es ahí que el camino a tomar en la actuación misma, lejos de ser evidente, es claramente oscuro y confuso.

El reconocimiento de Batasuna -Ahora “Sortu”- y su posible aceptación en el sistema, no es cuestión baladí. Más bien digo que es una prueba de alcance que debe hacer vibrar los resortes de la democracia española misma, construídos a través de un sistema justo basado en el Estado de Derecho, y comprobar su madurez, fiabilidad y flexibilidad.

Desde la efectiva, hasta ahora, Ley de partidos de 2002 -que en esencia y muy someramente lo digo, exigía para conformar un partido político legal en España, su constitucionalidad en general, y su respeto a los principios democráticos en particular- hasta ahora, el conjunto de las fuerzas demócratas, seguramente convencidos por la certeza de la imposibilidad misma de su asunción por los “batasunos”, se agrupaban haciéndose fuertes en torno a la negación y condena expresa de la violencia como premisa mayor -y única- para el juego electoral, dejando fuera de juego a quienes no lo hicieran.

Esta praxis, que ha devenido en rutinaria -y efectiva- actuación, había sido suficiente en los últimos tiempos y después de un período de incertidumbre, para eliminar del juego político a aquellos que llaman “brazo político de ETA” de tal suerte que, acompañado esto de una inflexible actuación policial procediendo a la detención de decenas de terroristas, la banda se había debilitado casi hasta su desaparición.

Estábamos en el caso de que la banda, o lo que de ella queda, había anunciado recientemente un alto el fuego que ahora se recodifica como paso primigenio en el diseño de la estrategia de los que van a por lo mismo de siempre.

Sin embargo, y por eso decía que es una situación novedosa que pone a prueba el mismo Estado de Derecho Español, es evidente que la condena explícita de la violencia de ETA que ha resuelto su militancia de modo público, es un evidente paso hacia adelante que merece cierta consideración.

Decía que el procedimiento es oscuro, porque en los adentros todos sabemos la hendidura del partido, su tallo y su sabia, porque la sombra del pasado reciente es alargada y ello merma la cantidad y la calidad de la confianza. Pero, tenemos un envés que es el sistema de libertades, un envés que son los cimientos que han soportado estos años nuestro Estado de Derecho, el cual -y gracias- no puede ya actuar por fuerza o ajeno a las normas, por lo que aún con las consecuencias que pueda tener y que todos tememos, sólo la ley debe aplicarse. Y en la aplicación de la ley, en último término, siempre están los jueces...

Nuestro sistema judicial, garantista de las libertades públicas, jugará en su caso el dificil papel, en su caso, de decidir. En este sentido, la Asociación Profesional de la Magistratura aboga por la ilegalidad del nuevo partido. La base argumental reside en que las condenas a la actuación terrorista de ETA, no deben circunscribirse al futuro, sino que deben abarcar todas las actuaciones, también las del pasado, de la banda. Además, la simple aparición en el listado de militantes de antiguos miembros de partidos ilegalizados, como el caso del ex responsable de Batasuna Rufi Etxeberria, sería suficiente para su ilegalización.

Otros, inciden en el salto cualitativo de lo que parece una importante adherencia a los principios democráticos que debe obtener una respuesta faborable. Yo me incluyo entre los que piensan de este modo.

Ahora, como siempre en la vida, toca esperar.